Las dudas sobre cómo Enron pudo ocultar su desastre financiero comienzan a aclararse. Arthur Andersen, empresa que auditó las cuentas del gigante energético, reconoció ayer haber destruido "un número significativo" de documentos relacionados con Enron, que a finales del año pasado realizó la mayor suspensión de pagos de la historia. Las pesquisas sobre la caída de la compañía amenazan con convertirse en una pesadilla para George Bush, beneficiario de sus donaciones y amigo personal de su presidente.
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"En meses recientes, algunos individuos hicieron desaparecer un número significativo, pero indeterminado de documentos", admitió ayer Arthur Andersen, la quinta auditora más grande del mundo, en un comunicado. El material destruido incluye principalmente documentos en soporte electrónico y en papel, además de correspondencia.
La investigación sobre la quiebra de hecho de Enron ha tomado la vertiente esperada con la decisión del Departamento de Justicia de EE UU de crear una unidad especial que investigue la posible comisión de delitos por parte de los gestores del que hace un año era el principal comercializador de energía del mundo.
El Departamento de Justicia va a centralizar en la división de investigación criminal todos los trabajos que realizan distintas unidades y fiscalías en diversas localidades. La decisión da una vertiente más dramática a las pesquisas sobre la volatilización de una compañía que llegó a tener una capitalización bursátil de 77.000 millones de dólares y ahora oscila en torno a los 500, al caer de una cotización máxima de 90,56 dólares a los centavos con que cotizaba ayer.
Justicia no reveló las vías de investigación, que hasta ahora apuntan a si la compañía engañó en la presentación de su situación financiera ante los mercados; si alentó a sus empleados a adquirir acciones de Enron en medio de la crisis que sólo los más altos responsables conocían, para impedirles luego vender cuando la cotización empezó a caer, y, sobre todo, cómo recurrió al mecanismo de crear entidades aparentemente independientes en las que descargar deudas y malos negocios de modo que no figuraran en la contabilidad oficial del grupo. Esta investigación se suma a otras siete que han puesto o van a poner en marcha el Senado, la Cámara de Representantes, la Comisión del Mercado de Valores y el Departamento de Trabajo.
Cambios legales
El presidente Bush ordenó ayer la revisión del régimen en que las compañías hacen pública información financiera y cómo funciona el sistema de pensiones vinculadas a la cotización de las empresas. A ese grupo sumó el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Comisión sobre la Negociación de Futuros. Una movilización de recursos acorde con la mayor suspensión de pagos de la historia.
Bush prometió una investigación en profundidad y aseguró no haber discutido nunca con el presidente de Enron, Kenneth Lay, la situación financiera de la compañía.
La Casa Blanca intenta a toda costa no verse salpicada por el espectacular colapso de Enron, el principal donante de fondos a las campañas de Bush como gobernador de Tejas y candidato presidencial, a las que dedicó 623.000 dólares, según el Centro por la Integridad Pública. El portavoz presidencial, Ari Fleischer, advirtió ayer contra "una caza de brujas política" con el argumento de que Enron también financió a los demócratas. Las tres cuartas partes de las donaciones millonarias de Enron en los últimos años han ido a apoyar a políticos republicanos.
La diaria conferencia de prensa de la Casa Blanca estuvo dominada por el caso. Fleischer confirmó que Bush fue notificado de la grave crisis que se avecinaba cuando Lay habló con los secretarios del Tesoro, Paul O'Neill, y de Comercio, Don Evans, para ponerles al tanto. "El Gobierno decidió no intervenir", subrayó Fleischer. Al quedarse como espectador, "el presidente cree que hizo lo que debía".
El mayor problema para Bush es la luz que las diversas investigaciones van a arrojar sobre el modo de tomar decisiones en la Casa Blanca. Enron tuvo acceso privilegiado al vicepresidente Dick Cheney mientras elaboraba la nueva política energética de Estados Unidos. Las recomendaciones finales sobre la desregulación de la energía se ajustaban casi milimétricamente a las sugerencias realizadas por los ejecutivos de Enron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de enero de 2002