El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja un aumento de la intolerancia de los españoles respecto a las costumbres de los extranjeros, según los datos presentados ayer por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz. El 53,5% de los ciudadanos percibe que la sociedad es 'poco' o 'nada' tolerante con las costumbres de los extranjeros u otros grupos étnicos, lo que supone un aumento de cinco puntos respecto a la encuesta llevada a cabo en diciembre de 2000. El periodo coincide con el de vigencia de la Ley de Extranjería, que ayer cumplió su primer aniversario en vigor.
Asimismo, los españoles consideran que la sociedad es 'muy' o 'bastante' democrática (63%); conservadora en cuanto a costumbres (61%); desarrollada económicamente (58%) y tolerante (48%).
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El sondeo, realizado a partir de 2.478 entrevistas formuladas a ciudadanos de 168 municipios y 48 provincias, entre el 11 y el 16 de diciembre de 2001, revela que la lucha contra el terrorismo debería ser 'el principal objetivo' de la sociedad española en los próximos cinco años. Así lo entiende el 74,2% de los encuestados. Para éstos, la segunda prioridad debería ser la lucha contra el paro (49,7%). A bastante distancia se encuentran la lucha contra la delincuencia (19,8%) y las desigualdades sociales (18,1%).
Respecto a la situación económica, un 33% la considera buena; un 52,1% la califica de regular y un 10,2% de mala. En cuanto a la situación económica personal, el 66% señala que es igual que hace un año; el 10,9%, peor, y el 21,3%, mejor.
Los españoles se muestran positivos ante el futuro, ya que el 44% afirma que las cosas mejorarán este año, frente a un 9% que cree que empeorarán. Los ciudadanos esperan que durante 2002 mejoren la asistencia sanitaria (37%), el terrorismo (27%), el medio embiente (27%) y la vivienda (27%).
El sondeo del CIS revela que el 43.4% de la población considera a los españoles poco tolerantes con las costumbres de los extranjeros y otros grupos étnicos, mientras un 10,7% califica a sus conciudadanos de nada tolerante, lo que supone que esa visión negativa ha crecido en cinco puntos durante el año de vigencia de la Ley de Extranjería. Este texto legal cumplió ayer su primer aniversario de funcionamiento, lo que aprovecharon quienes la sostienen y quienes la critican para celebrarla cada uno a su manera.
El vicepresidente y ministro del Interior, Mariano Rajoy, firmó un acuerdo de migraciones con Rumania, tras lo que alertó que después de tres procesos de regularización, 'la fase transitoria se ha acabado y toca aplicar y hacer cumplir la ley'. Rajoy subrayó que la política española de extranjería está en línea con la de la UE y que se asienta en tres pilares: 'España es un país de acogida, que quiere una inmigración legal y su integración'.
El PSOE, por su lado, calificó de 'ineficaz' la ley, acusó al Gobierno de no tener otra política migratoria que la de puertas abiertas y presentó 100 preguntas a Interior para demostrar que no existe un plan coherente sobre inmigración. La secretaria de Política Social e Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, tras lanzar una andanada de críticas al Gobierrno, terció que su partido sigue teniendo la mano tendida para colaborar con el Ejecutivo 'en esta materia que es cuestión de Estado'. Los sindicatos CC OO y UGT también arremetieron ayer contra la política de extranjería española, que calificaron de 'fracaso'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de enero de 2002