El Banco Central de Argentina anunció anoche, hora española, que los bancos continuarán cerrados hasta el próximo viernes, aunque se entregarán salarios y pensiones y se podrán pagar impuestos y facturas. A la misma hora, el Ejecutivo de Eduardo Duhalde presentaba al Parlamento el proyecto de presupuesto de 2002. En éste se propone reducir su déficit fiscal a 3.000 millones de dólares, el 1,5% del PIB y una tercera parte del de 2000, a pesar de que el país registrará este año una caída del crecimiento del 5%, según el Gobierno.
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Además, Duhalde respondió ayer a los que le reclamaban elecciones anticipadas fijando los comicios para el 14 de septiembre de 2003, y hoy prevé arrancar con la reforma del sistema político.
En líneas generales, el Presupuesto 2002 es austero y, a pesar de ello, es "demasiado optimista", según la opinión de varios analistas españoles. El gasto del Estado no superará los 38.000 millones de dólares, el déficit fiscal será de unos 3.000 millones, el 1,5% del PIB, y el objetivo de inflación para todo el año se fijó en un 15%, según adelantaron fuentes del Ministerio de Economía argentino. Todo ello, con una previsión de crecimiento negativo del 5%.
El déficit proyectado el más bajo en 15 años y una tercera parte del que se registró el año pasado. Esta previsión, según los expertos, es optimista pero no tanto como la meta de inflación. México, tras la devaluación de finales de 1994, terminó el siguiente año con una inflación del 52%. En Rusia, tras la crisis del rublo, se disparó hasta el 90%. Sólo Brasil, tras la depreciación del real de 1999, logró cerrar el año con un IPC del 9%. Brasil demostró que es posible, pero entre los analistas españoles no se espera que Argentina logre lo que su vecino del norte sino más bien que siga la pauta de los otros casos. De hecho, sólo en enero, la inflación argentina trepó al 2,3%, su nivel más alto en 10 años.
Medidas de estímulo
El Gobierno ha incluido también la unificación de los programas sociales, a los que destinará unos 1.500 millones de dólares y también una partida similar para créditos "blandos" para la pequeña y la mediana empresa. El Presupuesto destina, además, 6.000 millones para pagar intereses de deuda a los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID) y a los tenedores de bonos del primer canje que hizo el Gobierno. Entre éstos poseedores están los bancos españoles SCH y BBVA. El resto de los pagos de deuda están suspendidos.
Para financiar una gran parte de sus gastos, el Ejecutivo emitirá 3.500 millones de pesos, de los que 1.000 entrarán directamente a las arcas del Estado. Además, mantiene el recorte del 13% sobre los salarios públicos y rebaja en un 13% las partidas para las provincias.
Se prevé que el proyecto de Presupuesto de 2002 se apruebe en una semana, porque fue hecho en consulta con la oposición y con el FMI, puesto que el plan es un requisito esencial para recibir ayuda financiera. "Lo que no entiendo", comentaba ayer un analista en Washington, "es cómo al FMI no le resulta muy optimista el objetivo de inflación". Ante esta pregunta, Francisco Baker, portavoz del FMI, declaró: "sin comentarios".
El Gobierno se siente con fuerza. "No vamos a parar de gobernar", advertía ayer el portavoz de Duhalde. A la reforma política le sucederá en dos semanas la llamada "reforma judicial" impulsada por un proyecto de ley para reducir, entre otros gastos, los costes que significa mantener el Consejo de la Magistratura, creado luego de la reforma constitucional de 1994, y se propone además obligar a los jueces a pagar el impuesto de la renta, de la que ellos mismos se exceptuaron.
La reforma política elimina la financiación de los partidos a través del empleo público, los gastos improductivos y reservados, las pensiones graciables, subsidios y becas, y limita el presupuesto de mantenimiento de las legislaturas nacionales y provinciales al reducir el número de diputados y de concejales. El Gobierno promueve cámaras únicas en provincias que todavía mantengan el sistema bicameral, la reforma del sistema electoral, la restricción de gastos publicitarios, la extensión de la campaña a sólo 30 días y la aplicación del sistema de consulta popular.
Si el pacto se traduce luego en leyes y se concreta en la realidad, Duhalde está dispuesto a impulsar una reforma de la Constitución para que se discuta "todo", inclusive la posibilidad de que Argentina adopte un régimen parlamentario. Convencido de que su mandato de transición hasta diciembre de 2003 debe servir para salir de la emergencia económica y dar una "nueva institucionalidad" al país, Duhalde cree que esto sólo se puede "hacer a fondo con una reforma de la Constitución".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de febrero de 2002