Duhalde mantiene el bloqueo de cuentas bancarias en su nuevo plan económico

Con la afirmación de que "Argentina está quebrada", el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció anoche las medidas para poner en marcha el plan para salir del colapso financiero que ha paralizado prácticamente al país desde hace dos meses, tras una recesión de cuatro años. El decreto "de necesidad y urgencia", que será convalidado esta misma semana por el Congreso, mantiene las restricciones a la retirada de fondos depositados en los bancos a pesar del fallo contrario del Tribunal Supremo. El ministro anunció el cierre de los bancos hoy y mañana para que se adapten a las nuevas normas.

"Queremos ser un país normal, por eso vamos a plantear medidas realistas", dijo Remes Lenicov tras destacar que "no hay milagros" y que si España tiene hoy el doble de renta per cápita que Argentina, cuando hace 20 años era igual, se debe a que "llegaron al acuerdo de la Moncloa, trabajaron fuertemente y mantuvieron las reglas". El Gobierno argentino confía en que la modificación de algunas de las reglas para salir del corralito, como la que va a permitir la disposición sin condiciones de los salarios depositados en los bancos y los certificados que los bancos podrán emitir con los depósitos como garantía -además de las reacciones contra los jueces del Supremo- le permitan eludir legalmente la sentencia. Parte de la estrategia es ganar tiempo. En las dos o tres semanas que necesariamente deben transcurrir entre que los ahorradores insatisfechos presentan sus demandas y el recurso llega al Supremo, es probable que varios de los nueve miembros actuales de la Corte Suprema no ocupen ya su sillón.

Después de las marchas y contramarchas de las últimas tres semanas, el reparto de las cargas parece ahora menos populista y más equitativo. La cotización del dólar flotará tal como exigía el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el Banco Central de Argentina intervendrá para mantenerla entre bandas más o menos estables y evitar que se dispare y desate una espiral inflacionaria, que sería otra bomba de tiempo, una más en el campo minado de la economía argentina.

El eslabón siguiente del plan económico será el envío al Congreso del proyecto de Ley de Presupuesto, previamente discutido y consultado con los principales grupos parlamentarios y que cuenta ya con la aprobación de los técnicos del FMI. El reclamado "plan serio y sustentable", se terminará de montar cuando Remes Lenicov viaje esta semana a Washington y confirme allí cuál será finalmente el monto de la asistencia financiera extraordinaria con la que podrá contar Argentina este año.

La reforma de la carta orgánica del Banco Central permite una emisión controlada de 3.500 millones de pesos con los que el Gobierno podría cubrir el déficit fiscal estimado para este año, a pesar de que se suspendió el pago de la deuda pública. Los funcionarios más optimistas estiman que este año la caída del producto interior bruto será superior al 5%. Los beneficios por la recuperación de los sectores productivos y exportadores, favorecidos por la devaluación del peso, sólo comenzarán a percibirse a finales de año. Mientras tanto, la bajada en la recaudación de impuestos será devastadora. Para cubrir el agujero negro, los técnicos estiman que Argentina necesitará unos 20.000 millones de dólares extras.

Aún no se ha decidido cómo contribuirán las petroleras, Repsol entre ellas. El temido impuesto a las exportaciones de hidrocarburos, de aplicación autorizada al Ejecutivo por la Ley de Emergencia aprobada por el Congreso, podría ser sustituido por una contribución fija y en efectivo. El viernes comienza la ronda de revisión de contratos entre Gobierno y representantes de las compañías concesionarias de servicios públicos, de las que participan mayoritariamente las inversiones españolas. Las tarifas, dolarizadas, que se actualizaban según el índice de inflación en EE UU, ya han sido convertidas a pesos y queda por discutir el nuevo índice de ajuste. El Gobierno subsidiaría con una rebaja de impuestos una tarifa social para jubilados, empleados temporales y los sectores de menores recursos económicos.

Los deudores en dólares pagarán en pesos al cambio de uno a uno, tal como establecía en su momento la Ley de Convertibilidad, pero las cuotas serán actualizadas según el índice de inflación. Los ahorradores en dólares recibirán sus depósitos en pesos en cuotas según el cronograma vigente y a la paridad oficial fija de 1,40 cada dólar, pero indexados a su vez según un índice promedio para que no pierdan demasiado su valor.

Los bancos, que van a cobrar las cuotas de sus créditos en pesos a la paridad uno a uno y deben devolver sus depósitos en pesos, pero a 1,40, sufrirán en conjunto unas pérdidas estimadas en 25.000 millones de dólares que, a su vez, serán compensados con un título de deuda pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de febrero de 2002