El Supremo argentino declara inconstitucional el 'corralito' argentino

Buenos Aires Acorralada, la Corte Suprema de Justicia de Argentina derribó el corralito financiero. El máximo tribunal, acosado por la demanda social y política que exige la renuncia de sus miembros, devolvió la presión que la sociedad mantiene sobre ella con un formidable golpe al Ejecutivo y declaró "inconstitucional" el decreto firmado por el ex presidente De la Rúa que impuso, desde el 3 de diciembre, severas restricciones a la retirada del dinero de los bancos. El presidente Eduardo Duhalde cambio su anuncio de la "reforma política" por una dura crítica a la decisión del tribunal. El plan económico previsto para hoy se suspendió.

El presidente Eduardo Duhalde, para quien el sistema era 'una bomba de tiempo' había admitido hace una semana que, a pesar de la promesa que hizo el día que asumió el cargo, no se podrían devolver los ahorros en dólares porque los bancos no tenían los billetes. Los funcionarios del equipo económico advirtieron a su vez de que los bancos no podrían soportar una retirada masiva de depósitos y programaron la devolución en cuotas, a plazos y en pesos para evitar la quiebra de la mayoría. Hoy, el ministro de Economía tenía previsto anunciar una serie de medidas que iban a permitir 'flexibilizar el corralito'.

La Corte rechazó los recursos de amparo presentados por los abogados representantes de los bancos porque consideró que no estaba probado el supuesto 'agravio' que implicaría la devolución de los depósitos a sus clientes. El pasado 10 de enero la Corte había suspendido las medidas cautelares dictadas por jueces de tribunales inferiores que obligaban a los bancos a restituir el dinero y en esa ocasión tampoco se pronunció sobre el fondo de la cuestión a debate. La Corte, como último intérprete de la Constitución, no tenía plazos para pronunciarse, pero estaba naturalmente obligada a resolver con urgencia porque se trataba de asuntos de emergencia pública.

La resolución de los magistrados se ha producido en su primer día de trabajo después de las vacaciones judiciales de enero, a la mañana siguiente de la noche en que soportaron nuevamente la cacerolada masiva de los jueves frente al Palacio de los Tribunales, sede de la Corte, convocada por los abogados laboralistas y a la que se adhirieron las asambleas de vecinos. Los jueces han tenido también que soportar las manifestaciones posteriores que se suceden a las puertas de los edificios donde viven el presidente del tribunal, Julio Nazareno y Antonio Boggiano, uno de sus miembros.

Los jueces coincidieron al fin en que los recursos de los bancos presentaban 'defectos formales' y además 'no acreditaban el agravio que pudiera implicar la devolución de los ahorros'.

Los miembros de la Corte sufren también el acoso del Congreso, que el pasado jueves decidió poner en marcha la demorada comisión de 31 diputados para revisar las 28 demandas de juicio político presentadas ante el Parlamento, 18 por abogados y 10 por legisladores. Los jueces de la Corte fueron denunciados, entre otras causas, por el fallo que liberó de prisión y de proceso al ex presidente Carlos Menem y a su ex cuñado Emir Yoma, acusados ambos por la venta ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, por convalidar el recorte del 13% en los salarios de jubilados y empleados públicos el pasado año y por suspender, a comienzos de enero, las medidas cautelares de los jueces de primera instancia que concedieron el amparo a los ahorradores y obligaron a los bancos a devolver los depósitos.

Uno de los miembros de la comisión, la diputada Elisa Carrió, líder de la Alternativa para una República de Iguales, admitió que 'aún los peores tienen que tener los mejores derechos y que hay sólo dos caminos para remover a los jueces del máximo tribunal del país, el juicio político o la reforma constitucional'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2002