La mano dura prometida por Álvaro Uribe para combatir a las guerrillas y a los paramilitares preocupa a las ONG, y en particular a Amnistía Internacional (AI), que rechazan la creación de una red de un millón de informantes civiles y propugnan 'una política integral en materia de derechos humanos que sirva para atajar la creciente situación de crisis'.
La sección española de AI publicó una carta dirigida al Príncipe de Asturias pidiéndole que traslade a Uribe sus recomendaciones. La organización pregunta al nuevo presidente sobre el uso del material militar español y europeo exportado a Colombia y pide al Gobierno de José María Aznar que prohiba cualquier licencia de exportación al país latinoamericano susceptible de ser utilizada en violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. En junio pasado, la Marina colombiana anunció la compra de dos aviones patrulleros marítimos CN-235, de fabricación española, para tareas de seguridad y persecución del narcotráfico.
La organización internacional de derechos humanos anticipa, por otra parte, que la implicación de la masiva red de colaboradores pretendida por Uribe puede agravar los padecimientos de la sociedad civil, que sufre presiones, amenazas y agresiones de todos los grupos ilegales. Amnistía Internacional es contraria a dotar a las Fuerzas Armadas de 'atribuciones propias de la policía judicial' y de permitir al Ejército registros domiciliarios y detenciones sin previa autorización judicial.
Voluntad política
El restablecimiento de la facultad presidencial para decretar el estado de sitio también inquieta pues facilitaría, señalan, la comisión de violaciones de derechos humanos al suprimir la supervisión judicial y legislativa. 'Uribe viene declarando que lo que hace falta en Colombia es mano dura para resolver el conflicto. Sin embargo, lo que de verdad hace falta es una voluntad política firme para proteger y garantizar los derechos de todos', sostiene el grupo internacional. 'Muchos de los planes que el doctor Uribe ha anunciado (...) suponen una amenaza real de deterioro y empeoramiento del conflicto', subraya AI, 'socavando la protección de civiles y fortaleciendo los mecanismos que garantizan impunidad por la violación de derechos humanos'.
Amnistía Internacional, que atribuye a las guerrillas buena parte de las violaciones, destaca que 'cuando Álvaro Uribe Vélez asuma la presidencia de Colombia, no podrá ignorar su responsabilidad de hacer que los derechos humanos de todos los colombianos sean una prioridad'. También pide a los grupos guerrilleros que asuman su responsabilidad en la perpetuación de la violencia en Colombia y condena los 'homicidios de civiles, los secuestros perpetrados por esos grupos y los ataques indiscriminados'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de agosto de 2002