El decreto-ley sobre prestaciones al desempleo -el decretazo- comienza a recibir ataques por sus flancos jurídicos. Un juez de lo social de Badajoz ha cuestionado su constitucionalidad al resolver un caso de despido al amparo de dicho decreto-ley. Los gobiernos de Andalucía y Extremadura -y ahora también los de Baleares y Asturias- han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra su articulado. También el PSOE e IU formalizarán su anunciado recurso de inconstitucionalidad el próximo día 21.
Quizás la iniciativa con mayor carga de profundidad sea la del juez de Badajoz, pues proyecta una razonable duda jurídica sobre su constitucionalidad que, de ser compartida por otros jueces de lo social, podría bloquear su aplicación en la jurisdicción laboral. Lo que ni los sindicatos ni la huelga general del 20-J consiguieron -la retirada o la modificación del decreto-ley- podría lograrlo esta iniciativa. De momento, la sentencia que debía dictar en el caso concreto ha quedado en suspenso, a la espera de lo que el Constitucional decida, lo que no deja de agravar la situación de incertidumbre, jurídica y laboral, del trabajador afectado.
Si el Gobierno alegó 'razones de extraordinaria y urgente necesidad' para aprobar por decreto-ley la reforma de protección al desempleo, el Tribunal Constitucional las tiene muy sólidas para resolver cuanto antes la cuestión planteada por el juez de Badajoz; no sólo por las dudas de constitucionalidad, sino por los problemas que puede plantear en la práctica su aplicación en la jurisdicción laboral. Será difícil que el abogado defensor de un trabajador despedido se avenga sin más a que un juez aplique un decreto-ley que otro juez ha puesto en entredicho ante el Constitucional.
El decreto-ley sobre la reforma del desempleo, convalidado por el Congreso con el único apoyo de la mayoría absoluta del PP, será tramitado como proyecto de ley a partir de septiembre. Sería la ocasión de desactivar el acoso jurídico que se cierne sobre él expulsando de su articulado los aspectos más chirriantes sobre su posible inconstitucionalidad. Uno de los que el juez de Badajoz ha puesto bajo la mira del Constitucional es la regulación por decreto-ley de una materia -el despido- que en principio debería serlo por ley. Pero existen otros, en especial el nuevo tratamiento de los salarios de tramitación por despido improcedente, que podrían vulnerar los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de agosto de 2002