Sólo dos horas después de que el juez Baltasar Garzón comunicara ayer por la mañana a la abogada de Batasuna su intención de suspender de inmediato las actividades de este partido, unos 4.000 seguidores de la formación aberzale se manifestaban en Bilbao para rechazar el cerco judicial y político al que está siendo sometida. El coordinador de la Mesa Nacional, Joseba Permach, proclamó que le da "absolutamente igual" el auto de la Audiencia Nacional, que la formación considera "nulo" y "desproporcionado", e hizo un llamamiento a la militancia para "plantar cara con contundencia" a la ilegalización.
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La marcha había sido convocada inicialmente para celebrar el "homenaje a la ikurriña" que cada año se repite el viernes del Aste Nagusia. Pero la presión política y judicial hizo que Batasuna la transformara en una protesta contra la ilegalización, bajo el lema Euskal Herria aurrera. Faxismoari stop (Euskal Herria adelante. Stop al fascismo), utilizado en los últimos meses contra la Ley de Partidos. La manifestación se inició con un aizkolari cortando un tronco, sobre el que había una esvástica, con las banderas de España y Francia.
Luego, Permach acusó al PNV de carecer de "dignidad nacional" por haber defendido el autonomismo y afirmó que les da "absolutamente igual" las medidas contra Batasuna de Garzón, que empezarán a plasmarse a partir del lunes con la clausura de los locales de la formación por su pertenencia a ETA. El coordinador de la dirección aberzale pidió a sus seguidores que "planten cara" a este auto y a la ilegalización que promoverá el Congreso de los Diputados y que respondan en la calle "con contundencia".
El dirigente de Batasuna rechazó la validez de las "leyes españolas" y criticó a todos los partidos, a los que advirtió de que están equivocados si piensan que Garzón va a acabar con la izquierda aberzale. A las formaciones que apoyan la ilegalización les atribuyó la búsqueda del "genocidio político, cultural y lingüístico del pueblo vasco", que, a su juicio, ha organizado José María Aznar, al que llamó "fascista" y "enano mental". A IU le reprochó una abstención que calificó de "vergüenza para sus militantes".
Las advertencias, no obstante, no alcanzaron el tono de las lanzadas el miércoles por Arnaldo Otegi, ausente de la marcha de ayer, cuando exigió al Ejecutivo vasco que no implique a la Ertzaintza en la ejecución de las medidas contra Batasuna. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que emprenda acciones legales contra el portavoz del partido aberzale por estas declaraciones. Otegi, en referencia al PNV, EA e IU, los partidos del Ejecutivo vasco, dijo: "Que no se les pase por la cabeza, y lo pedimos con humildad pero con absoluta contundencia, utilizar los mecanismos de que disponen para golpear a Batasuna, cerrar sus sedes y colaborar con la estrategia genocida del Estado".
En un tono menos desafiante, Permach afirmó ayer que no aceptará "un nuevo fraude", 25 años después de que el PNV impulsara el Estatuto de Gernika. "No es un problema de Estatuto, es un problema de libertad, de derecho de autodeterminación, de territorialidad y, sobre todo, de dignidad nacional", espetó al partido de Xabier Arzalluz. Su portavoz, Iñaki Anasagasti reprochó a Permach el uso de un "lenguaje de trinchera", carente de propuestas.
El mismo tono utilizó el parlamentario vasco Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, presente en la marcha, en declaraciones publicadas en Euskaldunon Egunkaria, donde acusa al lehendakari de colaborar con "la estrategia destructora de Aznar" por haber replicado a Otegi que las instituciones vascas cumplirán la ley. Urrutikoetxea asegura que si se acata el auto de Garzón y se envía a la Ertzaintza a cerrar sedes de Batasuna, "lo hará con ganas". Llegó a decir que ETA, "un agente político que tiene sus propios instrumentos y objetivos", no mata "por capricho", sino que "ve la necesidad de utilizar todos los instrumentos para hacer frente al Estado".
Antes de la marcha, la representante legal de Batasuna, Jone Goirizelaia, esgrimió en la Audiencia Nacional sus argumentos legales contra la suspensión de las actividades de Batasuna que decretará Garzón el lunes. Jesús Santos, teniente fiscal, informó de que Goirizelaia alegó que la suspensión es nula porque el juez no es competente para ese tipo de resoluciones.
También alegó que vulnera varios preceptos constitucionales, ya que les causa indefensión al no haber tenido acceso a los informes policiales ni a las demás actuaciones secretas, y vulnera los principios del juez predeterminado por la ley y del derecho a la tutela judicial efectiva. Según el fiscal, la abogada añadió la "desproporción de la medida y los efectos que puede tener" y la "falta de imputaciones personales" o ausencia de acusados concretos.
Encaje legal
Santos se remitió al informe que acababa de entregar a Garzón (que el juez trasladó a Goirizelaia) y manifestó que la suspensión de actividades tiene cobertura legal en dos artículos del Código Penal: el 520 (que autoriza la disolución de asociaciones ilícitas) y el 129 (que fija las consecuencias accesorias: clausura de locales y suspensión de las actividades por un máximo de cinco años).
Según el teniente fiscal, "se han agotado otras posibilidades y otras medidas", y con la suspensión, de "alguna forma, se va a dificultar o se va a tratar de impedir la continuidad y reiteración delictiva". En su informe, Santos señala que la suspensión "resulta imprescindible como medio para evitar el suministro de fondos que faciliten la comisión de nuevos atentados terroristas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de agosto de 2002