Los integrantes del Pacto Antiterrorista -Gobierno, PP y PSOE- se comprometieron ayer a responder al lehendakari, Juan José Ibarretxe, en su tentativa de "romper las reglas de juego democráticas" en la política vasca. Así lo manifestó, al finalizar la reunión plenaria, que duró cuatro horas, el secretario general del PP, Javier Arenas, mientras el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, puso el acento en que Ibarretxe confunde las prioridades, que no son el soberanismo, sino la libertad y la defensa del Estatuto. Gobierno y PSOE evitaron suscribir una declaración conjunta, pero hicieron pública por separado la decisión de que el Pacto no sólo actúe frente a ETA, sino también contra los desafíos de la "política rupturista" del PNV.
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El plenario del Pacto Antiterrorista reunió a una representación del más alto nivel del Gobierno y del PSOE. Por parte del Ejecutivo y del PP acudieron el vicepresidente primero, Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Ángel Acebes; el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas; el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y los portavoces en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento vasco, Luis de Grandes, Esteban González Pons y Jaime Mayor Oreja, respectivamente. La delegación del PSOE estuvo encabezada por su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Le acompañaron el portavoz en el Congreso, Jesús Caldera; la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón; el diputado y ex ministro de la Presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López.
La reunión se inició con un informe de Acebes sobre la lucha contra ETA, en el que destacó importantes avances en la desarticulación de comandos terroristas. También abordó las medidas que se adoptarán para reforzar la protección de los concejales, así como la ofensiva institucional que el Pacto Antiterrorista protagonizará en Eusropa. La reunión acordó enviar una delegación a Bruselas, Estrasburgo, París y Londres, entre otras capitales euroepas, para explicar la Ley de Partidos y el proceso de ilegalización de Batasuna.
El Pacto aprobó un paquete de medidas de protección de los concejales y las sedes de los partidos amenazados por ETA, que se plasmará en una proposición de ley que hoy mismo será registrada en el Congreso para que, con carácter de urgencia, se sumen a ella las formaciones políticas que lo deseen. La iniciativa supone la modificación de seis leyes.
Pero el debate se centró en la situación del País Vasco tras la suspensión judicial de Batasuna y, sobre todo, la propuesta soberanista del lehendakari Ibarretxe y sus consecuencias tanto en la política vasca como en la lucha antiterrorista. Arenas y Caldera, al explicar el contenido de la reunión, se reafirmaron en que la prioridad del Pacto Antiterrorista es la lucha contra ETA. Pero matizaron cuál es la segunda tarea del pacto en este momento. Para Caldera, es la defensa de la libertad, la Constitución y el Estatuto. El dirigente socialista acusó a Ibarretxe de "confundir las prioridades" de la política vasca. Arenas, que reflejó la posición del Gobierno, fue más contundente. Coincidió con Caldera en que la prioridad es acabar con el terrorismo; y lo segundo, "dar respuesta política a la ruptura de las reglas de juego" propiciada por la política soberanista del lehendakari.
Con este acuerdo de base, el Pacto Antiterrorista zanjó el debate, mantenido estos días, entre el Gobierno y el PSOE sobre la actitud a adoptar en la política vasca. Entre la posición inicial del PP, que quería responder con una declaración conjunta al reto lanzado por Ibarretxe, y la del PSOE, partidario de una actuación diferenciada de los partidos nacionales en esta cuestión, los reunidos llegaron a una solución intermedia: se responderá puntualmente a los pasos que Ibarretxe dé en una dirección rupturista. PP y PSOE también confirmaron, con su actitud, las posiciones adelantadas por José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero de no adoptar en Euskadi medidas excepcionales como la suspensión de la autonomía.
La reunión se mantuvo en un tono de "cordialidad y sinceridad" en los diagnósticos sobre la situación vasca. "Nadie intentó convencer a nadie", señalaron los asistentes consultados, aunque sí se manifestaron discrepancias sobre dos cuestiones concretas: La participación o no en la ronda que mantendrá Ibarretxe con los partidos vascos, incluida Batasuna, sobre su propuesta para que Euskadi adquiera el estatus de nación libremente asociada, y la pretensión del PSOE de que los populares vuelvan a la Mesa de Arkaute, o mesa de seguridad vasca, que preside el consejero de Interior, Javier Balza.
Sobre la ronda de consultas de Ibarretxe, la delegación socialista defiende la conveniencia de aceptar una reunión con el lehendakari por una doble razón: aunque con una deriva soberanista, Ibarretxe preside un Gobierno democrático; y además, es necesario que el lehendakari conozca las posiciones de los constitucionalistas. La delegación socialista sostiene que la batalla contra el rupturismo de Ibarretxe no debe hacerse desde el aislamiento, sino desde la participación en todos los foros sociales y en las rondas de consultas que él promueva. El Gobierno, por el contrario, defiende la inasistencia a la reunión con Ibarretxe, pues considera que las actitudes contundentes ayudarán a que la sociedad perciba la "gravedad" del reto anunciado por el lehendakari.
Poco antes de esta reunión, Zapatero hizo un emplazamiento expreso a Ibarretxe para que rectifique y no reciba a Batasuna.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de octubre de 2002