Garzón afirma que Batasuna practica la "limpieza étnica"

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó ayer a dirigentes y militantes de Batasuna y, en general, a todo el entorno de ETA prácticas que suponen una auténtica limpieza étnica e ideológica en Euskadi, lo que constituye, a su entender, una conducta delictiva reflejada en el Código Penal, e incluso un crimen contra la humanidad, recogido en el Estatuto de Roma. El magistrado afirma que en la investigación que desarrolla existen indicios de que Batasuna mantiene un clima social de presión e intimidación tendente a 'obtener la segregación del sector no nacionalista de la población'.

Esa 'depuración' del censo electoral en el País Vasco, según el magistrado, tiene como propósito último 'predeterminar con una determinada tendencia ideológica la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar el resultado afirmativo de aquél'.

La política de hacer insoportable la permanencia en Euskadi del sector no nacionalista de la población se ha mantenido durante décadas, 'como consta acreditado indiciariamente en esta causa', señala el auto. Y agrega que 'la violencia de ETA, es únicamente la última ratio, hasta el punto de que aunque ETA no existiera o desapareciera la kale borroka o no se hubiera producido nunca, Batasuna, por los métodos que utiliza, constituye (...) una asociación ilícita'.

El auto de Garzón precisa: 'La segregación de una parte de la población de derecho de un territorio por razón de su origen étnico o geográfico o de su presunta adscripción ideológica es, no solamente inadmisible en un Estado de Derecho, sino, además, una conducta delictiva reflejada en el Código Penal, e incluso, como crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma de la CPI (artículo 7) de 17 de julio de 1998'.

El artículo de la Corte Penal Internacional (CPI) al que se refiere Garzón señala textualmente: '...Se entenderá por 'crimen de lesa humanidad' cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (...) H. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciones, nacionales, étnicos, culturales, religiosos (...) 'desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos...'.

Amenazas y coacciones

'Múltiples integrantes de HB-EH-Batasuna, y dirigentes de la mismas', según el citado escrito, 'han cometido presuntamente, con el fin descrito, contra el colectivo social que no les es afín ideológicamente, de manera regular y obedeciendo la estrategia previamente establecida por la organización terrorista en la que se integran, delitos de amenazas, coacciones, lesiones, tratos degradantes, menoscabo de la integridad moral, calumnias, injurias, daños, incendios, estragos, usurpación y ocupación ilegal de edificios públicos, desobediencia y atentados, malversación de caudales públicos en las instituciones que controlan a través de ayudas, subvenciones y donaciones, obstrucción a la justicia, discriminación, impedimento de la libre expresión, ultrajes, desórdenes públicos, etcétera'.

El magistrado precisa que dirigentes y militantes de Batasuna han sometido a la población de otras partes de España residentes en territorio vasco a un estado de segregación y cita como ejemplo la masiva alteración hasta 1991 de los certificados de nacimiento de los niños de Bilbao pese a nacer en Barakaldo.

Además, destaca que se ha presionado hasta la expulsión de facto no sólo a políticos profesionales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, sino a 'miembros de la policía autónoma (muchos de los cuales viven fuera de Euskadi), concejales de partidos no nacionalistas, empresarios, periodistas, escritores, intelectuales, profesores de universsidad, abogados, jueces y fiscales, entre otras profesiones'. No sólo se ha atentado contra la vida, la libertad y la integridad de las personas, precisa Garzón, sino que Batasuna ha impedido de hecho a sus adversarios políticos el ejercicio de la libertad de expresión, de información, de manifestación y de participación política, con boicoteos sistemáticos de sus actos y contramanifestaciones.

Para probar sus tesis, Garzón ha recabado amplísimos informes sobre las víctimas de ETA, los daños ocasionados por la violencia del entorno etarra, la identidad de las personas vinculadas al complejo terrorista y el armamento y documentos intervenidos, relación de objetivos de la banda, estudio de las altas y bajas del censo, personas que hayan tenido que abandonar el País Vasco... Los informes serán elaborados por la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, el Servicio de Información de la Guardia Civil y la dirección de la Ertzaintza, con apoyo de diversos ministerios, parlamentos, gobiernos autónomos, empresarios, sindicatos, universidades e incluso los medios de comunicación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de octubre de 2002