El Gobierno Vasco ha formalizado esta mañana ante el Tribunal Supremo la querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Baltasar Garzón por considerar que ha incurrido en la "restricción infundada e ilegítima de los derechos de reunión y manifestación", según han informado fuentes de la vicepresidencia vasca.
La querella, motivada por el auto que suspende las actividades políticas de Batasuna, se ha registrado esta mañana ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tras la decisión que adoptó el Ejecutivo autónomo el pasado 17 de septiembre.
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El Gobierno vasco cree que la actuación del magistrado ha generado una "situación de inseguridad jurídica", que "vacía de contenido las atribuciones que la legislación confiere al Departamento vasco de Interior" y que "supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna".
Este formalismo se ha producido justo un día después de que el magistrado dictara otro auto en el que acusa a la coalición abertzale de practicar la "limpieza étnica" en País Vasco. Un escrito que ha hecho reaccionar al Ejecutivo de Vitoria que, en palabras de su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que actúe y abra diligencias contra Garzón, a quien ha acusado de usar políticamente la justicia.
El juez atribuye en su auto las prácticas de limpieza étnica no sólo a Batasuna, sino, en general, a todo el entorno de ETA. Una conducta delictiva reflejada en el Código Penal, e incluso un crimen contra la humanidad, recogido en el Estatuto de Roma. El magistrado afirma que en la investigación que desarrolla existen indicios de que Batasuna mantiene un clima social de presión e intimidación tendente a "obtener la segregación del sector no nacionalista de la población".
Gobierno y PSOE respaldan a Garzón
Sin embargo, el último auto de Garzón ha sido respaldado tanto desde el Gobierno como desde el PSOE. El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alabado hoy el texto del magistrado, considerándolo una respuesta a la conculcación en el País Vasco de cinco derechos básicos: la vida, la libertad de expresión, el patrimonio, la conservación de éste y la libertad para fijar el domicilio.
Por su parte, el secretario de Política Institucional del PSOE, Javier Rojo, ha asegurado que Garzón ha puesto "blanco sobre negro la propia realidad" del País Vasco y ha pedido al lehendakari que "alguna vez haga un discurso exigiendo" que los vascos que han abandonado Euskadi "vuelvan a su tierra, porque se marcharon sin querer marcharse".