La guerrilla fundamentalista libanesa de Hezbolá no está dispuesta a abandonar sus posiciones en el sur de Líbano, junto a la frontera con Israel, según aseguró ayer un portavoz de la milicia desde su cuartel general en Beirut. Hezbolá desafía así a Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Colin Powell, había reclamado horas antes la retirada de las milicias.
"La palabra repliegue no existe en nuestro vocabulario", aseguró Husein Jalil, asistente principal del jeque Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbolá, quien aseguró que la retirada de sus tropas de esta zona tendría funestas repercusiones para su formación y para el propio Líbano, que correría el riesgo de "desaparecer del tablero político actual".
El desafío de Hezbolá frente a las peticiones de la Casa Blanca cuenta con el apoyo incondicional del régimen de Siria, del que esta milicia depende económica y jerárquicamente, aunque las autoridades de Damasco han preferido por ahora mantener silencio y evitar cualquier nuevo enfrentamiento verbal con Estados Unidos.
El Gobierno de Líbano, aunque ha optado por el mismo estratégico silencio, apoya también incondicionalmente a Hezbolá, a la que considera una milicia legítima, parte integrante de su fuerza nacional, y un partido legal, con su representación en el Parlamento. La misma actitud de reto han adoptado en las últimas horas los representantes de los grupos radicales palestinos, refugiados en Damasco, que han manifestado su intención de continuar manteniendo activas las oficinas abiertas desde hace más de cincuenta años en Siria y desde las que lideran y dirigen los sectores mas radicales de la Intifada palestina.
Dirigentes de Hamás, Yihad Islámica y del Frente de Liberación Popular y Democrático de Palestina, las tres organizaciones más importantes de este exilio, aseguraron ayer que sus oficinas continúan y continuarán abiertas y sus empleados trabajando con absoluta normalidad. Con estas palabras desmentían las afirmaciones del propio Colin Powell, que aseguró el sábado que algunas de las sedes habían sido clausuradas por decisión del Gobierno del presidente sirio Bachar al Asad.
"Siria deberá hacer frente a las consecuencias si actúa de mala fe", aseguró Powell desde Was-hington. En declaraciones a la cadena de televisión norteamericana CBS, el jefe de la diplomacia de EE UU dejó entender que en caso de que se desobedecieran las peticiones de la Casa Blanca, recaerían duras sanciones económicas sobre el régimen de Damasco por medio de los instrumentos legales de la Patriot Act, la ley antiterrorista norteamericana adoptada tras los atentados del 11-S.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003