Cualquier medida que impida que se adultere la voluntad popular es saludable, aunque, guste o no, la Constitución establece garantías para los cargos electos que en algunas ocasiones son empleadas por éstos para actuaciones francamente inmorales. Posiblemente sea complicado legalmente quitar por completo el sueldo a los tránsfugas, que tienen los mismos derechos que los demás cargos electos, aunque al menos sí deben tomarse medidas para evitar que quienes traicionan la voluntad popular se beneficien económicamente de ello. La mejor medicina contra este fenómeno indeseable es un firme compromiso de todos los partidos políticos para arrinconar al transfuguismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de marzo de 2004