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Los más de cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona no tendrán restricciones el próximo otoño si se ejecuta en el plazo previsto el ambicioso proyecto acordado ayer por el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Las dos administraciones acordaron un ambicioso plan que consiste en llevar a Barcelona el agua que ahora se evapora o se filtra en las obsoletas acequias que recorren el delta de Ebro.
El Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), que redistribuye el agua comprada a los regantes del Ebro, paga millones de euros todos los años por el agua. Una parte va a la Administración hidráulica. La otra, a los regantes. Éstos han cobrado, desde que empezaron a suministrar agua en 1989, un total de 43,68 millones de euros.
Otra reunión entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, y un resultado casi idéntico al del encuentro anterior. "No podemos decir que cerramos un acuerdo, pero la puerta sigue abierta" dijo Mas tras más de una hora y media de conferenciar con Montilla sobre la eventual solución a la sequía en Cataluña.
A pesar de que la lucha interna de Esquerra Republicana por su congreso de junio acapara los titulares, en la agenda política catalana también destaca en julio el congreso de Convergència Democràtica. Será el cónclave del "derecho a decidir", de la relación con Unió Democràtica y de las caras nuevas en la dirección de la ejecutiva convergente.
La empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM), que gestiona el parque de atracciones del Tibidabo, taló ayer 36 de los 40 árboles del encinar donde se ubicará la nueva montaña rusa, que se inaugurará en otoño. BSM se ha comprometido a recuperar la flora de la zona y trasplantar 20 encinas porque el encanto de la atracción es "su ubicación en la naturaleza".
Fin al conficto de los conductores de autobuses que se inició el pasado mes de noviembre y que ha supuesto 18 días de huelga.
Dos días después de que el Gobierno central presentara su plan anticrisis de 10.000 millones de euros, el Gobierno catalán aprobó ayer el suyo: un paquete de medidas para impulsar la economía catalana, especialmente el sector de la construcción e inmobiliario, en caída libre, y ayudar a los colectivos más vulnerables ante un aumento del paro.
Nuevo botón de muestra del parón del ladrillo. En Cataluña, el año pasado se empezaron a construir el 33% menos de pisos nuevos respecto de los iniciados en 2006. Pero el arranque de 2008 ha sido demoledor: enero comportó un hundimiento del 63,1%.
La presencia de los inmigrantes en el mercado de la vivienda se está diluyendo a raíz de las crisis inmobiliaria y financiera. Desde 2005, su actividad en el mercado como compradores se incrementó de forma progresiva hasta suponer más del 36% de los demandantes de pisos de segunda mano, según varios estudios de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) a partir de los datos de las transacciones efectuadas por la red inmobiliaria Tecnocasa.
Biel Mesquida escribe en 'Akrollam' 99 'perlas' literarias sobre los isleños que no salen en los libros de historia
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