El incremento de los robos de cosechas, maquinaria e instalaciones hídricas "preocupa" a las organizaciones agrarias, AVA y la Unió de Llauradors, cuyos secretarios generales firmaron ayer en Alzira un manifiesto, junto a la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, en el que reclaman soluciones para "paliar la inseguridad en el medio rural".
Los 10 millones de pérdidas causadas a los agricultores el último año han provocado la reclamación de un "frente común" para atajar una situación que Botella y Aguado califican de "dramática". El dirigente de AVA incluso reclamó "cambios en el Código Penal" para poder actuar legalmente contra aquellas empresas que compran fruta y cobre sin que puedan demostrar su procedencia.
La Policía Local de Alzira detectó hace varios años la existencia de un comercio que adquiere en todas las campañas naranjas robadas sin que le haya sido retirada a su titular la licencia de actividad. La Guardia Civil puso el caso en manos del juzgado, que ahora investiga el caso.
Botella denunció "la desprotección innata" que padece el medio rural y reclamó más recursos humanos y económicos para luchar contra este tipo de delincuencia y la creación de cuerpos de guardería rural. El dirigente de la Unió hizo hincapié en que los robos en el campo han experimentado en los últimos años "un salto cualitativo" al ampliarse el tradicional robo de las cosechas al de las infraestructuras hídricas de modernización de regadíos.
Bastidas propuso "seguir recabando adhesiones", de la Delegación de Gobierno y de los Ayuntamientos, para incrementar los recursos que permitan "atajar el problema".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de mayo de 2008