La desconfianza ha terminado por instalarse en el seno del PP tras los últimos escándalos relacionados con el Gobierno valenciano que preside Francisco Camps. La publicación en EL PAÍS de que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó obras a la constructora de José Miguel Taroncher, un amigo íntimo suyo con quien comparte la afición por el parany.
Las cifras bailaron. Sin embargo, tanto el CGPJ como las asociaciones judiciales convocantes del paro de 24 horas -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, afirmaron que fue en la Comunidad Valenciana donde hubo un mayor seguimiento de la huelga de jueces.
El PP elevó ayer al pleno de las Cortes el segundo asalto de su particular combate contra Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones desde abril de 2006. Un intento de corregir "una anomalía", en palabras de Rafael Maluenda, portavoz del PP, que persigue fijar los plazos de interinidad del Síndic de Greuges a través del Reglamento de las Cortes, que tiene rango de ley.
Las 36 Cajas Rurales valencianas han provisionado 120 millones de euros para 2009 ante el riesgo del aumento de la morosidad y las recomendaciones hechas por el Banco de España para fortalecer la posición de las entidades frente a la delicada situación económica.
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C. PÉREZ DE ZIRIZA | Valencia