Cristina Blach, hija del patrón del Alakrana, y Argi Galbarriatu, hermana del capitán, se entrevistaron ayer por la mañana con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, para pedirle comprensión y que el órgano que preside adopte las medidas necesarias para cumplir las exigencias de los secuestradores, entre las que figura la puesta en libertad de los dos piratas encarcelados en Madrid.
Idéntica petición, aunque en un sentido mucho más amplio, realizaron en la entrevista que mantuvieron por la tarde con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ni Ángel Juanes ni las dos mujeres quisieron hacer declaraciones. Ellas apelaron a lo delicado de la situación, mientras que desde la presidencia de la Audiencia se explicó que era mejor guardar silencio para no defraudar expectativas. Tampoco Zapatero hizo declaraciones.
- Posible salidas. Sobre posibles salidas legales a la situación, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo un tanto crípticamente: "El Gobierno apunta y la Audiencia decide", informa Anabel Díez. Moratinos pretendió expresar así la coordinación que existe entre el Gobierno y la Audiencia para encontrar una solución "dentro de la legalidad". En fuentes parlamentarias se considera que la extradición de los piratas a Kenia es de las más sólidas.
- Reunión del abogado con la fiscalía. El nuevo abogado de Cabdiwelly Cabdullahi, Abdu Willy, el pirata cuya edad dio lugar a un peloteo entre el juzgado central 1 y el juzgado central de Menores, ya no es de oficio, sino de pago. Se llama Javier Aparicio y oculta celosamente quién paga sus honorarios. Aunque ayer se oyeron tesis más o menos descabelladas sobre si le paga el Gobierno o el Centro Nacional de Inteligencia, todo parece indicar que la contratación procede del bufete británico que realiza funciones de mediación entre los piratas somalíes y el armador del atunero.
Aparicio se reunió ayer con el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos. El letrado le indicó que lo mejor para las negociaciones sería la aplicación del artículo 57 de la Ley de Extranjería, en el que la fiscalía propusiera una pena menor de seis años y la expulsión de España, lo que sería aceptado por la defensa.
Según el letrado, Burgos le indicó que la fiscalía no iba a adoptar ninguna iniciativa por el momento y que estaba a la espera de instrucciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009