El ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha reprochado esta mañana a los sindicatos su reacción "absolutamente desproporcionada" a las propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y ha advertido de que "tendrán que responder" ante la sociedad de su negativa a dialogar.
"Lamento que la reacción sea no dialogar y además convocar una huelga general, que me parece una cosa muy seria y absolutamente desproporcionada", ha asegurado Rato antes de participar en la inauguración de la Cumbre entre la unión Europea y América Latina.
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Rato ha añadido que es "especialmente grave" que los sindicatos hayan decidido convocar la huelga general "expresamente un día antes de que acaben las responsabilidades de España en Europa", por lo que ha insistido que "cada cual tendrá que responder ante la sociedad de lo que hace con sus capacidades".
Para Rato, la convocatoria de una huelga general es "una acción absolutamente desproporcionada", sobre todo dado que en su propuesta de reforma del desempleo el Gobierno "aborda temas que los propios sindicatos le habían pedido como la adecuación de las ofertas de empleo; no lo entiendo", ha declarado.
"Un acierto"
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado esta mañana como "un acierto" que los sindicatos hayan convocado la huelga general y ha anunciado el "respaldo sin ninguna fisura" de la coalición a esta movilización y su contribución para que tenga éxito.
Llamazares entiende que los sindicatos tienen "razones más que suficientes" para organizar una protesta ciudadana, a la vista de que las sucesivas propuestas del Gobierno representan un "ataque al pequeño Estado del bienestar" que existe en España.
El coordinador de IU se ha mostrado "optimista" respecto al éxito que pueda tener el paro general y ha asegurado que la coalición intentará de contribuir a que se cumplan los objetivos de los sindicatos. A juicio de Llamazares, la gran mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en la defensa de los argumentos de los convocantes y no quieren "dar 80.000 millones de pesetas a los empresarios para abaratar el despido, no están de acuerdo en hacer más precario el empleo de jóvenes y mujeres, ni quieren verse obligados a aceptar empleos basura" en virtud de la reforma que propone el Gobierno.