El nuevo presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha anunciado que apoyará una propuesta de diálogo con las guerrillas, con la mediación internacional, pero con la condición de que éste sea útil y haya un alto el fuego. El mismo día de la investidura, 17 personas murieron en Bogotá por la explosión de varías granadas, en una acción atribuida a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Uribe, abogado liberal disidente de 50 años, juró ayer como jefe de Estado para el mandato 2002-2006, en sustitución del conservador Andrés Pastrana, y presentó de inmediato un proyecto para convocar un referéndum contra la corrupción, que prevé la reducción del Congreso.
El nuevo presidente, quien durante la campaña electoral repitió que su objetivo era "trabajar, trabajar y trabajar", destacó la labor "decorosa" de su antecesor, pero ha presentado un difícil panorama nacional. "En cuatro años, será imposible resolverlo todo, pero no ahorraremos esfuerzo", ha dicho Uribe.
El nuevo gobernante ha advertido de que urge detener la violencia, tras precisar que en Colombia se registran 34.000 homicidios al año y entre 3.000 y 3.600 secuestros, que constituyen el 60% de los que se cometen en el mundo, además de que el conflicto puede desestabilizar a los países vecinos.
En este sentido, la policía de Bogotá ha confirmado la detención de un sospechoso en relación a la oleada de atentados que jalonó la toma de posesión de Uribe. Al parecer, el detenido ha confesado su participación en la preparación de los atentados.
Un país lleno de dificultades
Uribe ha presentado "un cuadro serio de dificultades" de la nación, en la que "viven en la miseria 9 millones de ciudadanos, el 57% se ubica en la línea de pobreza y, además del 16% de desempleo, hay 6,5 millones de subempleados". Ha indicado que "el déficit total supera el 3 por ciento del Producto Interno Bruto y la capacidad de pago de la deuda pública está saturada". Para paliar esta situación, Uribe ha propuesto un ajuste "para enderezar las finanzas públicas" y ha dicho que "los más pudientes" tendrán "nuevas responsabilidades tributarias".
Uribe se ha referido a su controvertida propuesta de "seguridad democrática", que prevé la creación de una red de un millón de informantes civiles, y ha asegurado que se buscará "la protección eficaz de los ciudadanos, ya que "la Nación entera clama por reposo y seguridad".
Además, Uribe ha convocado a los ciudadanos a apoyar de manera explícita y sin reticencia a la fuerza pública, al anunciar un programa de 100.000 soldados y policías voluntarios que serán instruidos, recibirán una pequeña paga, cumplirán labores de apoyo a la fuerza pública y no estarán, en principio, armados, ha dicho Uribe.