El terrorismo guerrillero, que el nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, prometió ayer combatir a fondo hasta lograr un país de "ley y orden", dejó su tarjeta de visita en la ceremonia de investidura. Atentados simultáneos a los actos oficiales, y a un kilómetro de distancia, se cobraron 13 vidas en Bogotá. Tres minutos antes de que el nuevo gobernante y los 700 invitados entraran en el Parlamento, estallaron varias bombonas de gas cargadas de dinamita.
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Mientras el centro de la ciudad se convertía en un pandemonio de ambulancias y sirenas policiales, Uribe proponía reanudar las conversaciones de paz con la guerrilla, con la mediación del secretario general de la ONU. Pero advirtió de que debe hacerse sin claudicaciones y "a partir de un alivio para la sociedad, que debe ser el cese de hostilidades" y la conclusión de los secuestros y los ataques a la población civil como el ocurrido durante la transmisión de la presidencia.
Francotiradores apostados en las terrazas que circundan el Congreso y un ejército de 20.000 soldados y policías vigilaron la ceremonia de toma de posesión del político disidente del liberalismo. El sucesor de Andrés Pastrana es un conservador comprometido con la autoridad y la justicia distributiva. Pero hereda una nación sumida en la violencia y la pobreza y sin presencia del Estado en buena parte de su geografía. En el marco de un "diálogo útil", Uribe informó ayer de que su Gobierno explorará "soluciones humanitarias, que liberen secuestrados, y que se den a partir de acuerdos que vislumbren la paz definitiva como algo posible".
El nuevo jefe de Estado, de 50 años, admitió, ante el pleno del Congreso, que la complejidad de una guerra interna de 38 años financiada por el narcotráfico "necesita soluciones transparentes, imaginativas".
"La democracia es nuestra oferta para que los fusiles sean sustituidos por la política, y la seguridad democrática es el instrumento para que se haga política sin armas y con el derecho de no ser asesinados", insistió. "No aceptamos la violencia para combatir el Gobierno, ni para defenderlo. Ambas son terrorismo", dijo Álvaro Uribe en referencia a los grupos paramilitares, con los que quienes sus detractores le vincularon durante sus años de gobernador de Antioquia. En ese cargo público, fundó las agrupaciones Convivir, que combatieron los secuestros y las extorsiones, y algunas de las cuales forjaron vínculos con la extrema derecha en armas.
El crecimiento económico, la revolución educativa, la lucha contra la corrupción, la decencia y la austeridad son objetivos fundamentales del presidente entrante. También la integración comercial sin trabas, el Mercosur, la UE y el Area de Libre Comercio de las Américas, promovida por EE UU. América Latina, dijo, debe avanzar hacia armonía en tipos de cambio competitivos, la baja inflación y endeudamiento prudente y equilibrio fiscal. "A partir de allí pensemos en una moneda única, nuestra". "No es posible estabilidad económica sin estabilidad social", agregó.
La transmisión de poderes comenzó hacia las dos de la tarde, hora local, con la presencia de los ex presidentes Ernesto Samper, César Gaviria, Belisario Betancur, Julio César Turbay y Alfonso López, y delegaciones de 91 países. Hacia las tres de la tarde, quince minutos antes de la primera explosión, llegaba Uribe en una camioneta blindada a las escalinatas del capitolio. El nuevo jefe de Estado, que ha sufrido 15 atentados, aplicará la mano dura contra las guerrillas, para forzar su aceptación de un nuevo proceso de paz, todavía inexistente. Las conversaciones fueron suspendidas a principios de año, después de tres años de infructuosas conversaciones.
Política de mano dura
En horas previas a la ceremonia que completó los cuatro años de gobierno de Andrés Pastrana, su heredero se había encomendado a Dios y a la Virgen de la Candelaria, y pidió a sus compatriotas que no esperen milagros en la solución de los tres grandes problemas nacionales: la violencia, la inseguridad y el paro. Uribe, casado y con dos hijos, titular de administración de empresas, y con una licenciatura de Harvard en negociación de conflictos, sueña con una clase media tolerante y democrática, y proyecta reformas políticas profundas.
El gobernante entrante ofreció drásticas medidas contra la corrupción, y el Referendo contra la Corrupción y la Politiquería, que incluye un Parlamento unicameral, reducir el número de escaños de 268 a 150, eliminar las protestadas partidas asignadas a los diputados, y las pensiones y sueldos excesivos. Tiene prisa en demostrar a sus expectantes compatriotas que será un hecho la reestructuración nacional prometida tras la victoria electoral del 26 de mayo, con el 53% de los sufragios, en primera vuelta. Su proyecto de referéndum no descarta la disolución del Congreso si los parlamentarios rechazan su reforma política, y elecciones anticipadas. El presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, le ofreció toda la colaboración del legislativo, durante la investidura, aunque sin renunciar a la crítica.
Las reflexiones de Uribe sobre la corrupción, una plaga que arruina a los países latinoamericanos, son de este tenor en su programa de gobierno, que consta de cien puntos: "El padre de familia que da mal ejemplo esparce la autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. Para controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción". El combate contra la corrupción propone "eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato".
Colombia padece una de las clases políticas más corruptas, más egoístas, y con menos ideología, de América Latina, a juzgar por los hechos denunciados. Los analistas anticipan que los más reacios a la perdida de privilegios plantearan serias resistencias. "Recibió un fuerte apoyo de los colombianos pero no será fácil cumplir con las expectativas creadas durante la campaña", señala el analista Vicente Torrijos. Los propósitos de Uribe, estrecho aliado de las políticas norteamericanas contra la subversión y el narcotráfico, son tan ambiciosos como costosos. Su mandato, además, será escrutado por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y deberá demostrar que no es un ultra, y la misma contundencia contra los paramilitares que la prometida contra las guerrillas. Álvaro Uribe se declara centrista y abandonó la disciplina del Partido Liberal para disputar por la libre la presidencia. Sus metas incluyen la supresión del servicio militar obligatorio, doblar el número de soldados y policías nacionales, crear una red de informantes de un millón de personas, reducir gastos y acometer cambios estructurales de compleja ejecución.
Lo intentarán junto a su vicepresidente, el periodista Francisco Santos ("soy el fiel Sancho Panza del presidente"), y 13 ministros, 6 de ellos mujeres. Tres carteras fueron fusionadas en otras, incluido Exteriores y Defensa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de agosto de 2002