La organización ecologista Greenpeace va a emprender una campaña internacional para exigir "libertad para el Rainbow Warrior", buque insignia de esta ONG. El barco se encuentra retenido en el Puerto de Valencia desde hace 12 días, cuando trató de impedir la entrada en el puerto a un barco que supuestamente transportaba madera procedente de la tala ilegal.
El ministerio de Fomento, a través de Marina Mercante, ha abierto un expediente sancionador a Greenpeace por haber dificultado las maniobras de aproximación a puerto del buque Honour. Fomento exige una fianza de 300.000 euros y ha tomando como aval al buque que se encuentra retenido desde el día de la protesta.
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Además, los miembros de la ONG que participaron en el acto del 13 de junio también han sido condenados a pagar diversas multas. Joel David Steward, capitán del barco tendrá que pagar 180 euros por una falta contra el orden público de desobediencia, al considerar que no acató la orden de la Guardia Civil de detener su buque cuando el instituto armado lanzó la operación para poner fin a la protesta. Otros cinco activistas que se encadenaron al Honour tendrán que pagar 90 euros cada uno por coacciones.
Para la organización ecologista, lo sucedido con su barco demuestra que "mientras buques peligrosos continúan entrando cada día en nuestros puertos o se importa madera ilegal procedente de la devastación de los últimos bosques vírgenes, se persigue a los que defienden el medio ambiente".
Durante la descarga del Honour en Valencia, Greenpeace comprobó que parte de la madera la comercializaban empresas sancionadas o acusadas de no respetar la ley forestal en Camerún.