El proyecto inicial de Agencia de Seguridad Alimentaria fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre, con una precipitación estimulada por el estallido de la crisis de las vacas locas. La propia ministra de Sanidad, Celia Villalobos, reconoció que su proyecto de agencia consistía en una mera reordenación de direcciones generales preexistentes en varios ministerios, y que no contaba con presupuesto específico más allá de un vago llamamiento a la iniciativa privada.
La nueva agencia se basa en una propuesta alternativa del PSOE, que el Ministerio de Sanidad aceptó ayer en su mayor parte. Su principal característica es que incorpora un órgano de dirección que, según sus autores, la dotará de autonomía de acción y de cierta independencia del poder político. El órgano directivo tendrá 12 miembros: cuatro propuestos por el Gobierno, cuatro por las comunidades autónomas, dos por los ayuntamientos, uno por los consumidores y otro por los agentes económicos.
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El proyecto también incluye un elemento esencial que, incomprensiblemente, había sido relegado en el proyecto original a un mero papel secundario bajo el epígrafe de 'asesoramiento y coordinación': un comité científico, que según el nuevo texto se formará por convocatoria pública y siguiendo criterios de excelencia investigadora.
La intención inicial del Gobierno de abrir la puerta a las aportaciones económicas privadas ha sido suprimida para evitar inaceptables colusiones de intereses. Una vez constituida, la agencia presentará un presupuesto a Hacienda para su aprobación en los Presupuestos Generales del Estado.
Si existen dos sectores interesados en una Agencia Alimentaria eficaz son los consumidores y las empresas alimentarias, y aunque ambos reconocen que el nuevo proyecto es mejor que el inicial, ninguno de los dos lo considera suficiente. Ambos creen que le falta independencia, poder ejecutivo y competencias supraautonómicas para ser realmente eficaz.
Jorge Jordana, secretario general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas -FIAB, la patronal que representa a las 5.000 principales empresas alimentarias del país-, considera fundamental que la agencia 'tenga carácter ejecutivo y de gestión sobre todas las competencias, hoy dispersas, que tiene la Administración central en materia de seguridad alimentaria'. Los ministerios implicados, según este representante de la patronal, deberían ceder esas competencias a la agencia.
Jordana ve otra carencia grave en el proyecto: la agencia, tal y como está planteada, no podrá 'supervisar y coordinar la ejecución de las competencias de control de las comunidades autónomas'.
Esta crítica, que comparten o admiten varias fuentes, se puede ilustrar bien con las asimetrías autonómicas que ha venido revelando la crisis de las vacas locas. Galicia ha hecho 14.600 tests priónicos, casi la mitad de los realizados en España. Cataluña ha hecho muchos menos. Ninguna instancia administrativa puede obligar a Cataluña a hacer sus tests. Y la agencia proyectada por PP y PSOE tampoco podrá.
El secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), Jorge Hinojosa, comparte las críticas de Jordana, pero admite: 'Tratar de imponer una recuperación de competencias autonómicas sería una locura. Pero sí sería posible que las comunidades autónomas cedieran voluntariamente algunas competencias en materia de seguridad alimentaria: que acepten un órgano estatal que ellas mismas consideren adecuado'. Hinojosa añade: 'Por supuesto, eso requeriría que la agencia fuera más independiente de lo que se proyecta ahora'. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha expresado de forma similar.
Ningún responsable del Ministerio de Sanidad quiso replicar ayer a estas críticas, en espera, como es habitual, de que la ministra Villalobos se pronuncie la semana que viene. Pero la secretaria de consumo del PSOE, Isabel Pozuelo, sí admitió algunos puntos: 'Nosotros propusimos una agencia más independiente, pero entendemos que el acuerdo recoge un término medio aceptable'. En cuanto a la falta de poder ejecutivo, Pozuelo señala: 'Si la agencia funciona bien, tendrá tal autoridad científica y moral ante los ciudadanos que ninguna Administración local podrá cuestionarla'.
Jordana discrepa con ironía: 'Si la agencia nace como un órgano sin poder ejecutivo, la supervisión de las competencias autonómicas la tendrá que seguir realizando la Guardia Civil. Deberíamos preguntarnos si es adecuado que la España del siglo XXI deba seguir estructurada por las ideas del Duque de Ahumada'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001