La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la sentencia del juez de primera instancia de aquella ciudad que el 31 de mayo de 2000 condenó al Arzobispado de Valladolid a que restituyera un piso y cinco fincas rústicas pretendidamente adquiridas mediante la venta de un legado que la sentencia anula. Los jueces ordenan la cancelación de la inscripción registral de dichas fincas y dan la razón a los demandantes, al declarar subsistente el legado de un piso de Concepción Méndez Carlón a "su fiel sirvienta", Felisa García de la Roza, que demandó al ecónomo Enrique Peralta, relacionado con Gescartera.
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Según recoge la sentencia ahora confirmada, Méndez Carlon, nacida en 1907 y fallecida en 1995, a los 88 años, otorgó el 31 de marzo de 1993 su último testamento ante un notario que apreció su capacidad para testar.
En la primera cláusula de ese testamento lega a García de la Roza un piso de su propiedad y diversos títulos de valores. En la cláusula segunda lega a la Residencia de Ancianos de Cisneros (Palencia) todas las fincas rústicas propiedad de la testadora en ese término. Y en la cláusula tercera instituye heredera a la Diócesis de Valladolid del "remanente de todos sus bienes, derechos y acciones".
Ante el mismo notario otorgó un poder general a favor del "reverendo don Enrique Peralta Álvarez", en presencia de éste, quien venía con anterioridad encargándose de hecho de la administración de los bienes de Méndez.
La sentencia relata que Peralta, haciendo uso del poder otorgado, vendió a Eleuterio Gatón Terradillos cinco fincas rústicas de Cisneros, por un importe superior a los 20 millones de pesetas, si bien tanto el apoderado como el comprador reconocieron que el precio real fue de 33 millones, de los que 13 millones se ingresaron en la Fundación Canónica del Arzobispado. Igualmente, Peralta donó al arzobispado de Valladolid, mediante escritura otorgada en 1995, la vivienda legada por Méndez Carlon a su sirvienta.
A la vista de estos hechos, Felisa García de la Roza, en su calidad de legataria, demandó a Peralta y pidió al juzgado que declarara nula la donación de la vivienda, "utilizando abusivamente un poder que no le facultaba para efectuar ese acto". Igualmente, la fundación beneficiaria de las fincas legadas, Nuestra Señora de los Dolores, demandó a Peralta y al comprador de las mismas.
Actuación abusiva
Acumuladas todas las demandas, el juez de Valladolid dio la razón a García de la Roza y a la fundación y condenó al Arzobispado "a la restitución de los inmuebles objeto de donación y compraventa" o a pagar su equivalente pecuniario, sin perjuicio de las acciones que "correspondan frente al apoderado que actúa abusivamente".
El juez de primera instancia, Ángel González, condena también al ecónomo Enrique Peralta a indemnizar a la demandante Felisa García en la cantidad de 29.169 pesetas de gastos e impone las costas al arzobispado y al ecónomo.
Por su parte, la Audiencia de Valladolid, al confirmar íntegramente el fallo, razona que Méndez Carlon desconocía el uso que Peralta hizo "completamente a sus espaldas, aprovechando abusivamente las facultades que le habían sido conferidas". "No parece consecuente que el poder concedido a Peralta tuviera por finalidad que el apoderado procediese a la venta de las fincas que en ese mismo día y, según voluntad de la testadora, habían sido legadas a una fundación", añade la sentencia.
El ecónomo Enrique Peralta, tuvo que atender a los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando se presentaron en el Arzobispado de Valladolid a pedir cuentas de más de 1.000 millones de pesetas de su propiedad desaparecidos por la gestión de Gescartera.
El entonces director general de Supervisión en la CNMV, David Vives, señaló en el Congreso que el ecónomo había colaborado con Gescartera para obstaculizar la investigación. La colaboración consistía en firmas cartas dirigidas a la CNMV en las que afirmaba estar conforme con la administración de los fondos eclesiásticos.
Pasada la medianoche, durante su declaración en la comisión de investigación y a preguntas del socialista Juan Fernando López Aguilar y de Felipe Alcaraz (IU) acerca de si alguna vez había sido condenado, el ecónomo lo negó. Y negó también haber sido multado. Con gesto de desconcierto, y entre risas incluso de los diputados del PP, aseguró no recordar la multa. "No la he pagado", dijo. "Usted sabe que mentir es pecado; si usted ha sido pillado en una mentira, en que queda el resto de su testimonio", concluyó Alcaraz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2001