El paquete de medidas económicas anunciado el jueves por la noche por el presidente argentino, Fernando de la Rúa, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ha sido recibido con cautela por los principales actores sociales, que coinciden en que el éxito del plan dependerá del apoyo político que reciba, del acuerdo entre el Estado y las provincias y del respaldo de los organismos financieros multilaterales, empezando por el FMI. La impresión mayoritaria es que se trata del primer plan económico integral que presenta el Gobierno de la Alianza. Los países más industrializados, agrupados en el llamado G7, expresaron ayer su 'satisfacción' por el plan.
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De la Rúa y Cavallo han apostado a todo o nada en la que, probablemente, es la última oportunidad de ambos para su supervivencia política. La duda de muchos es si el rosario de decretos aprobados por el Gobierno no llega demasiado tarde. Pero las medidas no han dejado indiferente a nadie, desde quienes tildan el plan de "razonable", a los que hablan de "audaz intento" y a los que cruzan los dedos. El problema es convencer a las provincias y, una vez superado este escollo, que el Fondo Monetario Internacional respalde el plan y adelante algunas ayudas comprometidas (se habló de 3.000 millones de dólares) a este año. Está previsto que se pronuncien el lunes. Anoche un portavoz del FMI mostró su disposición a "trabajar con Argentina para desarrollar esa estrategia" y a ayudar al país a lograr un crecimiento estable. Los objetivos centrales son alejar el fantasma de una suspensión de pagos de la deuda externa e iniciar la reactivación tras 40 meses de recesión. Además, el Gobierno ha puesto por primera vez énfasis en el frente social, con una serie de medidas a favor de los más necesitados. Para aliviar el peso de la deuda, el plan persigue un ahorro de 4.000 millones de dólares de los 11.000 millones que tiene que pagar en 2002 como intereses de la deuda. ¿Cómo? Mediante un canje voluntario de los bonos que actualmente rinden un 11% de interés anual por otros títulos nuevos al 7%, que estarán garantizados por la recaudación impositiva del Estado argentino, concretamente con el impuesto a las transacciones financieras, que es de más fácil recaudación. Con ello tratará de compensar la merma de ingresos que suponen las medidas del plan, además de que nuevos inversores compren los nuevos bonos y que el FMI aporte ayudas. De la Rúa dijo que se trata de seducir a los inversores con los nuevos títulos, lo que no parece fácil con una oferta de cuatro puntos menos de interés. El verdadero argumento con el que Cavallo espera convencer a los bancos y tenedores de bonos es que con los actuales tipos de interés los títulos serían incobrables, porque Argentina se precipitaría hacia la suspensión de pagos. Dicho de otro modo, o toma el nuevo bono menos rentable pero con mejores garantías, o conserva el viejo que probablemente nunca cobraría. El plan anunciado el jueves contiene, además, estas medidas:
- Reducción del 11% al 5% de las aportaciones de los trabajadores a los fondos de pensiones, lo que equivale, según el Gobierno, a un aumento del salario que entra en el bolsillo del orden del 7,2%. Con ello se pretende alentar el consumo.
- Devolución del 5% del IVA (actualmente es un impuesto del 21%) para las compras que se realicen con tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias destinadas al pago de salarios y para todas las compras en general. Para las tarjetas no vinculadas, la devolución sería del 3%. El objetivo es animar el consumo y aumentar la recaudación con el blanqueo de las operaciones comerciales.
- Moratoria impositiva generalizada y ayuda a empresas endeudadas con Hacienda, a través de capitalizar sus compromisos bancarios con bonos del Estado. Asimismo, las empresas y personas que evadieron dinero al exterior podrán repatriarlo sin riesgo, siempre y cuando adquieran los nuevos bonos. Se pretende combatir la evasión, elevar los recursos fiscales y mejorar la disponibilidad de fondos.
- Mantenimiento del déficit cero y la convertibilidad "un peso, un dólar". Los depósitos bancarios podrán estar colocados en la moneda de su preferencia.
En el frente social, ha anunciado un programa para integrar al sistema a todos los excluidos. El objetivo es universalizar los beneficios de las asignaciones familiares e incorporar a empleados sin dar de alta y desocupados:
- Pago de un salario de 30 pesos por hijo menor de 14 años, para aquellas familias con ingresos inferiores a 1.000 pesos mensuales.
- Asignación de 100 pesos mensuales a los ancianos mayores de 75 años que no tengan ingresos.
- Prestación escolar consistente en la entrega de una mochila con útiles y libros por cada hijo.
La incógnita de este ambicioso plan de asistencia es la procedencia de los fondos que administrará el Ministerio de Seguridad Social, que dirige Patricia Bullrich.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de noviembre de 2001