El presidente argentino, Fernando de la Rúa, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, negociaban ayer contrarreloj un acuerdo con la oposición para aceptar el nuevo ajuste fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar los 1.300 millones que Argentina necesita para hacer frente a los pagos de deuda. El FMI reclama un recorte de 4.000 millones para 2002. Cavallo ratificó ayer la convertibilidad y dijo que el Fondo tenía dos dudas para reanudar las ayudas: una que Argentina cumpliera sus metas fiscales y la otra que no escondiese gastos "debajo de la alfombra".
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La presión política interna de la oposición y de su propio partido sobre el presidente De la Rúa y la externa que impone el Fondo Monetario Internacional con las nuevas condiciones que exige antes de continuar el programa de ayuda financiera era ayer abrumadora. El país quedó en suspenso y a la espera de las decisiones del jefe del Estado tras el regreso a Buenos Aires del ministro Cavallo, después de sus reuniones en Washington con funcionarios del Fondo.
El ministro informó a De la Rúa sobre el resultado de su gestión. La mediación del propio presidente, que pidió telefónicamente al director del FMI que recibiera a Cavallo, y el reconocimiento de las promesas incumplidas permitieron la reanudación de las conversaciones interrumpidas el pasado miércoles. Desde Washington, el FMI, mediante un comunicado, negó haber exigido una medida específica a Argentina para reanudar la línea de crédito, aunque insistió en que el país debe cumplir con las metas de déficit fiscal ya previstas. El Fondo calificó de "fructíferas" las conversaciones que había mantenido con Cavallo.
Las dudas del Fondo
Cavallo, a ultima hora de ayer, explicó que el FMI tenía dos grandes dudas para reanudar las ayudas. "Al Fondo le ha llamado la atención el nivel de gasto y se pregunta si no hay algún gasto escondido debajo de la alfombra, sobre todo en las cuentas provinciales", dijo Cavallo. "El FMI", prosiguió, "está asombrado por la falta de realismo del Parlamento argentino y de algunas administraciones provinciales que no han reducido sus gastos", añadió.
"La otra duda del Fondo es si Argentina podrá cumplir con sus metas fiscales", dijo el ministro. "Por eso me he comprometido a suspender o eliminar las exenciones o estímulos fiscales de entre 7.000 a 8.000 millones de dólares que puse en marcha. Esos estímulos se reducirán a la mitad para que la recaudación aumente", agregó. Cavallo también ratificó la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, es decir, negó una devaluación, aunque reconoció que "habrá turbulencias por 60 o 90 días más" en Argentina. Cavallo añadió que "el Fondo había reconocido que los gastos se habían reducido en 7.000 millones de dólares entre 1999 y ahora" pero esquivó la pregunta de si el organismo reanudará las ayudas inmediatamente y evitará la suspensión de pagos. Argentina tendrá que zanjar las dudas del FMI antes de recibir más ayuda financiera.
Argentina deberá recurrir a la renovación compulsiva de bonos de deuda en manos de los administradores privados de fondos de pensiones y a sus reservas para evitar la suspensión de pagos. Antes de finales de mes, Argentina tiene que afrontar unos 2.000 millones de dólares, entre los vencimientos de intereses de su deuda, los salarios de empleados públicos, las jubilaciones y pensiones y los pagos de subsidios a desocupados, además de los gastos corrientes del Estado. Si el acuerdo con el FMI se demora el país ya no podrá pagar las deudas de enero.
El FMI obliga al Ejecutivo argentino a lograr un amplio acuerdo político con la oposición peronista, que controla 14 de las 23 provincias argentinas y ambas cámaras del Congreso, antes de enviar al Parlamento un proyecto de Presupuesto para 2002 con recortes en el gasto por más de 4.000 millones de dólares. Ese nuevo presupuesto debe ser acompañado además por la discusión de una nueva ley de coparticipación de impuestos entre el Gobierno central y las provincias y una profunda reforma tributaria.
El peronismo, atomizado a su vez entre los gobernadores de las provincias más ricas (Buenos Aires, Córdoba), el frente compuesto por las provincias menos desarrolladas (Salta, Tierra del Fuego), la conducción del partido en manos del ex presidente Menem, el Congreso partidario bajo control del ex gobernador Eduardo Duhalde y los jefes de grupo parlamentario que responden a unos y a otros, se ha unido para resistir "un nuevo y brutal ajuste" que va a suponer otra rebaja de salarios, más despidos de empleados públicos y la eliminación de subsidios regionales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de diciembre de 2001