España no renunciará a la plena soberanía sobre Gibraltar

El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, se limitó ayer a reafirmar que 'España no va a renunciar a la plena soberanía sobre Gibraltar' como respuesta a los síntomas de una inesperada tensión entre Madrid y Londres surgida la víspera y que en medios diplomáticos españoles se atribuye a 'nervios habituales en vísperas de cerrar una negociación'. Los socialistas apoyaron esta postura de Cabanillas.

Mientras en España se habla de 'nervios', los diplomáticos británicos achacan este último rifirrafe a la irritación del Foreign Office por la ruptura del sigilo que se quiso imponer sobre el encuentro celebrado por los ministros de Exteriores respectivos el pasado martes, en Valencia.

Las dos partes siguen considerando, por lo demás, que el acuerdo de soberanía compartida en el que trabajan es perfectamente posible dentro del calendario previsto y mantienen sus previsiones de que se pueda cerrar para mediados del mes que viene, aunque también reconocen que las dificultades siguen siendo importantes, pese al fuerte impulso que el canciller Josep Piqué y su homólogo británico, Jack Straw, han dado a la negociación esta semana.

Tras excluir 'toda duda' sobre la reivindicación española de la soberanía, Cabanillas se amparó en 'la discreción' de las conversaciones para no explicitar los puntos difíciles planteados. El ministro británico para Europa, Peter Hain, los enumeró, en cambio, detalladamente el pasado jueves en Londres, antes de advertir a España de que el tiempo apremia y de que está llegando el momento en que el compromiso se toma o se deja.

Hain enumeró concretamente tres temas: que el acuerdo debe ser 'seguro y estable', que el control de la base militar debe seguir siendo británico y que los gibraltareños tendrán que aprobar el compromiso en referéndum. Pocos aspectos más del contencioso contendrá el documento, que finalmente será una declaración política conjunta de principios susceptibles de orientar la redacción de un tratado en una segunda fase, una vez superado el referéndum.

Se trata de problemas identificados desde un principio y considerados superables, pero que siguen siendo difíciles cuando llega el momento de consensuar la redacción de una solución concreta.

Que el acuerdo sea estable no implica, para Londres, que se diga expresamente que la soberanía sobre el Peñón será compartida definitivamente por el Reino Unido y España, sino que haya garantías de que España no volverá a plantear enseguida su reivindicación de una soberanía plena. La fórmula sobre la que se trabaja desde hace meses es la de que la soberanía compartida no tenga plazo de caducidad y que el acuerdo reincorpore la garantía del Tratado de Utrecht de que si la parte británica cede sus derechos, deba hacerlo en beneficio de España.

En medios diplomáticos españoles se evita cualquier comentario sobre el control militar de la base, aunque los británicos sostienen que su aspiración a tenerlo totalmente no es un inconveniente grave en las negociaciones. Londres no quiere la soberanía plena sobre esas instalaciones, como la tiene en su base de Chipre, pero es evidente que ceder el control de una base sobre un territorio en régimen de cosoberanía plantea problemas en Madrid.

En cuanto al referéndum, la parte española exige que sea planteado de modo que no pueda ser confundido con el ejercicio de un derecho de autodeterminación, que España ha considerado siempre incompatible con el Tratado de Utrecht. El Ejecutivo prefiere una fórmula que es constitucionalmente posible: la aprobación de un estatuto de autonomía.

El PSOE, a través de su responsable de política exterior, Trinidad Jiménez, apoyó ayer al Gobierno en que 'la aspiración de España debe ser la plena soberanía', y recalcó que no se debe permitir que el Reino Unido plantee el acuerdo como 'o esto o nada'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de abril de 2002