La retirada de la reforma del desempleo exigida por los sindicatos se encontró ayer con un no de Trabajo. El Gobierno mantiene que su propuesta mejora la protección a los parados e incentiva la búsqueda de empleo. Una posición que CC OO y UGT califican de "inaceptable y mero recorte de derechos". La reunión sirvió para confirmar la quiebra del diálogo. Ahora las direcciones de las centrales apelarán al presidente Aznar para que renuncie a ese modelo de reforma. Mientras, pondrán en marcha el proceso para convocar una huelga general, prevista para el próximo 20 de junio.
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El encuentro de ayer entre el secretario general de Empleo, Juan Chozas, y las delegaciones de CC OO y UGT, la tercera que mantienen sobre la reforma del desempleo, se apunta como la definitiva para constatar que las conversaciones están agotadas. Los sindicatos comunicaron a Trabajo que consideran su documento "inaceptable e innegociable" y que sólo admitirán una reforma que mejore las prestaciones y que tenga en cuenta al 40% de parados que no recibe ninguna ayuda. Como argumento fundamental aseguran que existe un superávit del Inem de 30.000 millones de euros.
Esos objetivos no están en el texto presentado por el Gobierno el día 17. El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, cree que ese documento, además, "aprovecha la reforma del desempleo para abaratar el despido", con la eliminación de los salarios de tramitación (hasta que hay fallo judicial) en el despido improcedente.
Fin del PER
Igual rechazo les provoca la desaparición paulatina del PER y la facultad que se da al Inem para considerar "adecuadas" ofertas de empleo que disten hasta 50 kilómetros del domicilio y con cualquier tipo de contrato y salario.
El dirigente de CC OO Fernando Puig califica esas medidas de "grave agresión para millones de trabajadores y parados", "injusta" e innecesaria". Sobre las medidas, el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, afirmó ayer que son "injustificables, injustas, desequilibradas e inconvenientes".
La determinación de las dos centrales es que "esa reforma tiene que ser derrumbada con la movilización".
La maquinaria la han puesto en marcha con una campaña informativa en las empresas y que se inicia en las calles el 1 de mayo. Al día siguiente o el viernes enviarán una carta al presidente Aznar solicitando la retirada del texto. Si la respuesta es negativa, el 23 de mayo el consejo de CC OO y el comité de UGT aprobarán la convocatoria de una huelga general el 20 de junio.
El secretario general de Empleo criticó la postura de los sindicatos porque "no han presentado en la mesa sus alternativas". Chozas no considera rotas las negociaciones y seguirá intentando sacar adelante la reforma "con el mayor apoyo posible y con otros agentes". A corto plazo citará a las administraciones autónomas y previsiblemente a los partidos. Sobre la ruptura, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, aseguró ayer sentirse "decepcionado" y remarcó que "el Gobierno sigue abierto al diálogo".
Chozas tuvo también ayer un encuentro con los empresarios. La patronal cree que no está justificada una huelga general "porque no existe un recorte de prestaciones de una manera generalizada", según el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar.
La confederación empresarial, en el caso de que haya nuevas reuniones, planteará al Gobierno centrar el debate en la separación de las fuentes de financiación y en aclarar qué prestaciones son contributivas y cuáles no.
El argumento de la patronal es que no tiene lógica que con las cotizaciones que provienen de empresas (80%) y trabajadores (20%) se cree un excedente y que éste, a su vez, se esté utilizando para financiar el presupuesto del Inem, en el que el Estado no pone una peseta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de abril de 2002