El Gobierno se ha comprometido con el PSOE a no aplicar mecánicamente la Ley de Partidos con la que pretende ilegalizar a Batasuna por su vinculación con ETA. Las críticas generalizadas a la pretendida retroactividad del texto legal han llevado al Gobierno a un cambio de actitud que podría llevar al cierre de las negociaciones con el primer partido de la oposición en breves fechas. El Ejecutivo acepta no iniciar actuaciones contra la formación que lidera Arnaldo Otegi por hechos ocurridos en el pasado. El único punto importante de discrepancia es ahora determinar qué instancia promovería la ilegalización.
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La iniciativa, que pretende sumar los apoyos del PSOE y de otras formaciones políticas como CiU contrarias a la retroactividad de la ley, ha sido acogida por el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, como un "paso adelante" que puede facilitar el pacto. El Gobierno y el PSOE han flexibilizado sus posiciones ante el conocimiento de los sondeos de opinión, que arrojan que una clara mayoría de la población está por la ilegalización de un partido como Batasuna, que se aprovecha de la legalidad para apoyar al terrorismo, y que tampoco entiende que se polemice por este asunto.
La manifestación más clara de esta flexibilidad la ofreció el vicepresidente Mariano Rajoy el viernes pasado. Rajoy trató de demostrar que la Ley de Partidos no es retroactiva al señalar: "Bastaría con que Batasuna, una vez aprobada la ley, dé una rueda de prensa diciendo que rompe con ETA, que va a condenar los atentados y que en su programa no va a estar el respaldo de una banda criminal, para que a nadie se le ocurriese plantear su ilegalización".
Jesús Caldera manifestó ayer a este periódico que "el Gobierno ya ha comprendido" el alcance de la crítica socialista contra la retroactividad. "Dicho esto, una vez constatadas las conductas delictivas, una vez promulgada la ley, es lógico que se tenga en cuenta la trayectoria anterior", añade Caldera en alusión a la disposición transitoria de la ley, que ha sido también objeto de dura polémica por parte de CiU y la mayoría de las restantes formaciones parlamentarias, así como por numerosos juristas.
Confirmando la línea de entendimiento que parece haber emprendio La Moncloa, el secretario general del PP, Javier Arenas, garantizó la pasada semana al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que las afirmaciones de Aznar de que Batasuna sería ilegalizada al "día siguiente" de la promulgación de la ley debían interpretarse como una "metáfora". Arenas aclaró a Zapatero que ni Aznar ni el PP iniciarán la petición de ilegalización de Batasuna por hechos pasados. Se esperaría a que el partido que lidera Arnalo Otegi incurriese en alguna conducta contraria a la ley para actuar contra él. Y añadió otro dato en busca del consenso. Si bien mantiene que la ilegalización de un partido la puedan promover también los parlamentarios -el PSOE quiere que sólo sea la fiscalía-, está dispuesto a elevar el cupo de 50 parlamentarios que especifica ahora la ley a los 176 que marca la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
La ley, en junio
Lo que pretendía decir Aznar, según Arenas, es que urge dejar al margen de la ley a una formación que forma parte del entramado de ETA y que se beneficia de las ventajas de cualquier partido democrático. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo reiteró este fin de semana que la ilegalización de Batasuna podrá producirse a partir de junio, mes en que prevé que la ley estará aprobada.
No obstante, hasta el próximo día 20 aún quedan cuestiones importantes por negociar. El punto más conflictivo es, en este momento, la instancia que debe promover la ilegalización de un partido ante el Tribunal Supremo. Los socialistas insisten en que debe ser el ministerio fiscal; el Gobierno no renuncia a que también lo hagan los partidos y el propio Ejecutivo.
A los socialistas les desagrada profundamente que "unos partidos puedan instar a la ilegalización de otro". CiU, que ayer mismo anunciaba que va a presentar 38 enmiendas al articulado, aún no ha hecho pública su postura en esta polémica. Pero algunas fuentes señalan que la formación que lidera Jordi Pujol "podría arbitrar una fórmula de compromiso que sirviera para poner de acuerdo al Gobierno y al PSOE".
Las causas de disolución de un partido, recogidas en el artículo 9 de la ley, es otro asunto pendiente de consenso. En este punto, en el que el Gobierno ha mostrado una actitud abierta a la asunción de enmiendas siempre que no afecten a la "esencia" de la ley, el PSOE y CiU han anunciado numerosas aportaciones. Las enmienmdas de los nacionalistas van dirigidas a sancionar en exclusiva "las conductas, dejando a salvo las ideas".
En cuanto a la Sala del Tribunal Supremo que decidirá sobre la ilegalización, el debate es de menor enjundia, aunque tanto el Gobierno como el PSOE se mantienen en sus posiciones iniciales. El Ejecutivo defiende que sea la Sala Especial, mientras los socialistas se inclinan por la Sala Civil.
En todo caso, las últimas intervenciones públicas de Aznar y Zapatero vendrían a ratificar que la negociación va por buen camino. Si el sábado el jefe del Ejecutivo dejó a salvo de sus críticas a los socialistas al hablar de este asunto, casi lo mismo hizo ayer Zapatero en Palencia con respecto al PP. El líder del PSOE sólo dio un aviso: "El Gobierno quería una ley de partidos sin contar con todas las fuerzas políticas; espero que resista esa tentación", informa A. Díez.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de mayo de 2002