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Los "mediocres" resultados económicos registrados el año pasado en la zona euro se repitieron en el primer semestre de este ejercicio y, por tanto, "el crecimiento será probablemente decepcionante por tercer año consecutivo": sólo un 0,4%, menos de la mitad del 1% anunciado la pasada primavera.
El decepcionante panorama que arrojan las cifras macroeconómicas de la eurozona incluye la excepción de España, donde "el crecimiento es sólido". Sólo Grecia, con un aumento del 4,1%, supera a España (2,3%). Sólo dos sombras se ciernen sobre la economía española: el riesgo de que estalle la burbuja inmobiliaria y el paro.
Malta y Luxemburgo han desplazado a la economía española dos puestos, del 21 al 23, en la clasificación 2003 de países más competitivos que cada año hace el Foro Económico Mundial. Entre las desventajas competitivas de España destacan la inflación, la escasa flexibilidad laboral, la falta de independecia judicial y el favoritismo en las decisiones del Gobierno.
El Congreso aprobó ayer la ley de liberalización del ferrocarril que abrirá a la competencia este mercado, monopolizado por Renfe durante décadas. La apertura del transporte de mercancías se iniciará de forma inmediata, mientras que el de pasajeros no llegará al menos hasta 2008.
El estreno bursátil de Antena 3 TV se saldó con éxito. Los títulos cerraron a 27,25 euros, un 8,13% más sobre el precio de referencia, aunque en algunos momentos de la sesión sobrepasaron los 30 euros, con un aumento del 20%. La fuerte presión vendedora de los 750.000 accionistas de Telefónica que recibieron gratuitamente pequeños paquetes de títulos ha sido contrarrestada por el interés comprador de los fondos de inversión.
El Gobierno de Asturias aprobará hoy la aplicación del recargo autonómico sobre los combustibles para financiar la sanidad, según confirmó ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. El gravamen -cuya cuantía se situará en torno a dos céntimos de euro por litro- entrará en vigor el 1 de enero.
El Gobierno argentino dio ayer los detalles de su propuesta de canjear viejos bonos de deuda por otros nuevos con garantías del Estado. El Ejecutivo ha dirigido esta oferta a los acreedores privados para cancelar en un plazo de entre 8 y 42 años unos 88.000 millones de dólares de deuda, cuyo pago está suspendido desde enero de 2002.
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