Bush no hará público el informe que anticipaba el secuestro de aviones

El Gobierno de EE UU no facilitará al Congreso el informe de la CIA que alertaba sobre el posible secuestro de aviones comerciales un mes antes del 11 de septiembre. La Casa Blanca alega que es necesario mantener la confidencialidad de los servicios de inteligencia para no entorpecer los métodos de trabajo; congresistas demócratas e incluso republicanos quieren tener acceso al documento para determinar hasta qué punto Bush y su equipo pasaron por alto pistas que sugerían la preparación inminente de los atentados.

Los dos colaboradores más cercanos de George W. Bush, su vicepresidente, Dick Cheney, y su consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, han desplegado una operación de relaciones públicas para aminorar el efecto de las críticas o, al menos, para repartir la culpabilidad de los posibles errores más allá de la figura del presidente. Cheney asegura que es difícil "entenderlo todo" cuando se interpretan las informaciones de los servicios de inteligencia: "Hay datos y pruebas, pero es difícil unirlos". En un gesto de responsabilidad compartida, Cheney reconoció que él también leyó el informe de la CIA del 6 de agosto en el que se explicaba cómo terroristas vinculados a Osama Bin Laden parecían estar preparando el secuestro de aviones comerciales en EE UU. Antes, el FBI había especulado con la posibilidad de que terroristas árabes intentaran estrellar los aviones que estaban aprendiendo a pilotar.

"Sin duda, hubo fallos", asume Cheney, aunque los reduce a una falta de coordinación entre los servicios de inteligencia. Y añade en su defensa: "No puedo estar seguro de que hubiéramos podido anticipar los atentados aunque se hubieran juntado todas esas piezas de información".

Varios congresistas de ambos partidos quieren formar una comisión independiente que investigue la descoordinación entre las agencias y la posible falta de perspicacia por parte de quienes recibían los distintos informes, es decir, los máximos responsables del Gobierno de EE UU.

Hasta ahora, el equipo de Bush recurría a las acusaciones de falta de patriotismo -"en tiempos de guerra", añade Cheney- para bloquear esa comisión, pero ahora suman a esa excusa otra que empieza a ser habitual en este Gobierno: la necesidad de mantener la confidencialidad. Según Rice, el Gobierno no debe facilitar a las comisiones de investigación -si acaban creándose- el informe del 6 de agosto: "Hay muchos efectivos en los servicios de inteligencia que nos ayudan desde todas las partes del mundo. Muchos de ellos ponen su vida en peligro por defender a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Es extremadamente importante proteger las fuentes y los métodos para ganar esta guerra", lo cual se consigue, según Rice, manteniendo secretos los informes que recibe el presidente.

Acabar en la prensa

Cheney teme que si un grupo de congresistas tiene acceso al documento, su contenido acabe en la prensa: "La gente que prepara esos informes estaría entonces más preocupada por asegurarse que los documentos quedan bien en la primera página del Washington Post que por proporcionarnos la información que necesitamos".

El Congreso creó hace meses una comisión para investigar el comportamiento de los servicios de inteligencia en los meses anteriores al 11 de septiembre. La comisión tiene un presupuesto aprobado de 2,6 millones de dólares (más de 2,3 millones de euros), pero los enfrentamientos políticos sobre el objetivo real del trabajo retrasan continuamente el inicio de las sesiones.

Mientras, el director del FBI, Robert Mueller, advirtió que, aunque le gustaría ser optimista, cree inevitable que se produzcan atentados suicidas en lugares públicos de EE UU y añadió que éstos atentados serán similares a los que ocurren en Israel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de mayo de 2002