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El Gobierno francés entregará en enero al dirigente etarra José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, para que sea juzgado por tres de los más de 20 procesos que tiene pendientes en España y entre los que destaca el intento de asesinato del rey Juan Carlos en Palma de Mallorca en el verano de 1995.
Bruselas La elaboración de una lista de grupos terroristas europeos está encontrando más y más inconvenientes políticos y técnicos. Los ministros de Exteriores de los Quince sentaron ayer las bases legales para elaborarla y congelar los bienes y cuentas de quienes figuren en ella, pero enseguida se percataron de que la UE no tiene base legal para dar ese paso.
"Le quiero exigir que traslade a su partido y a los miembros de su Gobierno que no vuelvan a hablar de lealtad o deslealtad por iniciativas de ningún miembro de esta Cámara". El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, irrumpió ayer con esta frase en el debate sobre la presidencia española de la Unión Europea para rechazar las críticas a su plan de visitar Marruecos antes de Navidad.
El Gobierno vasco ha variado su estrategia negociadora ante la nueva financiación del Concierto Económico al colocar ahora el acento sobre las diferencias en torno al Cupo -dinero que devuelve Euskadi a Hacienda en concepto de servicios no trasferidos-, cuyo acuerdo es más sencillo que el de la participación en las instituciones europeas, donde encalló la negociación hace 10 días.
Pablo Jiménez de Parga, abogado del ex ministro del Interior José Barrionuevo, pidió ayer la absolución de su cliente en el caso de los fondos reservados al considerar que la única prueba de cargo que hay contra él son las acusaciones de los ex directores generales Julián Sancristóbal y Luis Roldán.
El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Esteban González Pons, expresó ayer su disposición a retomar inmediatamente las conversaciones con el PSOE para reformar el Senado por la vía reglamentaria.
Tras dos meses de debate presupuestario en el Congreso y en el Senado, el PP ha presentado in extremis una enmienda a la enmienda de otro grupo, en este caso de Coalición Canaria, para introducir en la Ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación autonómica una condición de aplicación que ha desatado la ira socialista.
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